Ahmed Hasan AlMadhoon

El 14 de marzo de 2015, Ahmed Hasan Al Mahdoon, un conductor de autobús de 19 años, fue violentamente arrestado por causas aún desconocidas. Desde entonces, ha sido sujeto a torturas, desapariciones forzosas y condenado en un proceso arbitrario. Ahmed se encuentra sirviendo su condena en la Prisión de Jau en Bahréin.

El 14 de marzo Ahmed estaba en casa de un amigo cuando 25 vehículos y fuerzas de seguridad les rodearon e invadieron sin previo aviso. El hogar de Ahmed había sido previamente redado en múltiples ocasiones sin anticipación alguna. La última redada ocurrió cuatro días antes de su arresto bajo la supervisión del teniente Mohamed Teki Al-Majed, que apareció en dos coches ciudadanos apoyado por fuerzas antidisturbios y de inteligencia.

La casa del amigo fue redada de noche, por fuerzas de seguridad del Directorio de Investigación Criminal (DIC), incluyendo policías antidisturbios, tras recibir información de una fuente desconocida que Ahmed se encontraba ahí. Accedieron a la vivienda por la fuerza y le detuvieron a punta de pistola. Inmediatamente después fue esposado, amordazado y trasladado en un coche ciudadano perteneciente al teniente. Todo esto sucedió sin una orden judicial.

Durante su detención, Ahmed comenzó a mostrar problemas respiratorios y convulsiones, por lo que las autoridades contactaron su familia y solicitaron que trajesen su medicación al DIC.

Tras su arresto, Ahmed fue desaparecido forzosamente durante ocho días, donde permaneció incomunicado y de la cual no aparece en ningún informe oficial. Su ubicación específica nunca se confirmó con su familia, que cumplió con su orden y depositó sus medicamentos en el DIC. La condición de Ahmed, que se hizo viral en redes sociales, presionó a las autoridades para concederle la posibilidad de contactar a su familia durante un solo minuto. Tras nueve días de interrogatorios, fue trasladado al Centro de Detención del Dique Seco.

Ahmed fue acusado, en cuatro enjuiciamientos distintos de desorden público y reunión ilícita, ensamblaje de un dispositivo explosivo falso y atentar contra la salud pública con ello. Durante sus procesos, comenzando el 5 de mayo de 2016 hasta el 11 de abril de 2018, Ahmed fue condenado a una sentencia combinada de 10 años y 6 meses de cárcel preventiva. Tras dos apelaciones, su sentencia ha sido reducida a tres años de prisión.

El ocho de abril de 2019, Ahmed fue negado una apelación al Tribunal de Casación sin poder contactar previamente con su abogado, ni disfrutar del tiempo adecuado para preparar su defensa, y aunque se le permitió exponer pruebas contra el teniente, todas fueron desestimadas por el juez. La familia de Ahmed fue denegada permiso para demandar al DIC y solo pudieron contactar con Ahmed un mes después de su detención. Además, su abogado no pudo acceder a Ahmed durante sus interrogatorios ni se le informó de su condición tras ser detenido.

La salud de Ahmed se deterioró severamente como consecuencia directa de su detención y tortura en el DIC el 14 de marzo de 2015. Fue golpeado en la cara y el cuerpo y sufrió vejaciones e insultos. Fue amenazado de electrocuciones y agresiones, en adición a constantes maltratos. Tampoco tuvo acceso a los medicamentos depositados por su familia a pesar de su condición crítica, y no se le permitió ningún cuidado médico. Sus padres declararon que su libertad de pensamiento y religión había sido vulnerada y que se le torturó y sometió a vejaciones por ser musulmán Chiita.

Ahmed, tras formarse moratones y coágulos por todo su cuerpo y haber sido torturado, aceptó una confesión coactada. Y, sufrió múltiples ataques epilépticos bajo detención. Un informe médico, datado el 12 de mayo de 2015, declaraba que Ahmed era epiléptico y estaba monitorizado por una clínica fuera de la prisión. Otro neurólogo confirmó su dolencia el 21 de junio de 2019. Sin embargo, no se le proporcionó medicamentos prescritos por aquellos médicos, y se le trató únicamente con anticonvulsivos. Estas dosis irregulares de medicación aumentaron las convulsiones de Ahmed hasta cuatro veces al día. Hoy en día continúa sufriendo de visión borrosa, tensión muscular, fatiga y dolores por todo su cuerpo.

El 23 de febrero de 2020, Ahmed sufrió su sexto ataque epiléptico del día. Sus compañeros de celda alertaron a los vigilantes e inmediatamente solicitaron que se le trasladase al hospital. Sin embargo, los vigilantes ignoraron su petición y fue estabilizado por sus mismos compañeros. La familia de Ahmed está extremadamente preocupada por su salud, sobre todo por la negligencia mostrada por la prisión, negándole un traslado a la enfermería cada vez que sufre convulsiones que podrían acabar con su vida.

El trato de Ahmed vulnera las obligaciones del reino de Bahréin bajo tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés), La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (APT) o la Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

La detención arbitraria y sin orden judicial de Ahmed contraviene los artículos 9, 10 y 14 del ICCPR y el artículo 12 del PIDESC, que estipula el derecho al disfrute del más alto posible física y mental.

La ONG Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB – americanos por la democracia y los derechos humanos en Bahréin) exige al gobierno bahreiní la puesta en libertad inmediata de Ahmed. Si estas condenas se mantienen en su contra, se solicita su re-enjuiciamiento bajo protecciones procesales mínimas establecidas por la comunidad internacional. Adicionalmente, se demanda una investigación completa a las alegaciones de tortura de Ahmed, con la intención de responsabilizar a aquellos culpables de tales actos. Finalmente, el gobierno de Bahréin debe proporcionar cuidado médico apropiado y cualquier medicamento necesario para Ahmed y todos aquellos presos bajo condiciones similares.

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