Historia

En febrero de 2011, el capítulo de Bahrein en la saga de la Primavera Árabe entró en el escenario mundial. A partir del 4 de febrero de 2011, varios cientos de bahreiníes se reunieron frente a la embajada de Egipto en Manama para expresar su solidaridad con los manifestantes antigubernamentales. El 14 de febrero, aproximadamente 6,000 personas participaron en muchas manifestaciones y mítines políticos en todo Bahrein. Finalmente, en marzo, más de la mitad de la población comenzó a protestar por las desigualdades estructurales, la corrupción, la opresión y la falta de representación gubernamental.

En respuesta, el gobierno de Bahrein envió fuerzas de seguridad para sofocar las protestas, lo que llevó a miles de arrestos, cientos de heridos y decenas de muertes. Los trabajadores y trabajadores sindicales fueron despedidos de sus puestos de trabajo por unirse a las protestas pacíficas, mientras que los profesionales de la medicina enfrentaban cargos motivados políticamente por discutir las horribles lesiones que presenciaron cuando ayudaban a los manifestantes heridos. Desde atletas hasta abogados y desde estudiantes hasta enfermeras, el gobierno se enfocó en todos los que se atrevieron a expresar una voz disidente a través de ataques a los medios, juicios militares, redadas en el hogar, detención arbitraria e incluso asesinatos extrajudiciales. Frente a la creciente presión internacional, el gobierno de Bahrein estableció la Comisión de Investigación Independiente de Bahrein (BICI) en julio de 2011 para investigar los abusos cometidos por el gobierno durante las protestas y recomendar cambios legales y de políticas para evitar que estos eventos vuelvan a ocurrir. Basado en más de 9,000 testimonios, el informe confirmó el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza y la tortura por parte de los funcionarios de Bahrein. El informe también rechazó las afirmaciones del gobierno de que las protestas eran de naturaleza sectaria o instigadas por o recibieron apoyo material de Irán. Aunque el gobierno de Bahrein afirma que ha implementado totalmente la mayoría de las recomendaciones, las evaluaciones independientes han encontrado que menos de cinco de las recomendaciones del BICI se han implementado en su totalidad.

Desde la publicación del informe BICI en 2011, las violaciones de derechos humanos y la cultura de impunidad continúan en Bahrein. Las protestas siguen siendo casi cotidianas. Los críticos del gobierno continúan enfrentando el hostigamiento y el arresto, y persisten los informes de torturas, malos tratos, agresiones sexuales y muertes bajo custodia. Las libertades de asociación, expresión y reunión fueron aún más restringidas a través de la legislación aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de 2013. El gobierno de Bahrein continúa utilizando un lenguaje sectario al referirse a los manifestantes, aunque las quejas presentadas por los manifestantes afectan a todos los bahreiníes.

Mientras tanto, el gobierno de Bahrein continúa armando y usando indiscriminadamente «armas no letales», como gases lacrimógenos y disparos de aves contra manifestantes pacíficos, lo que provocó la muerte de más de 30 personas y generó quejas internacionales sobre las medidas represivas desproporcionadas del gobierno. En enero de 2014, un joven de 19 años murió a causa de las lesiones sufridas por municiones reales durante su detención, lo que elevó el número total de muertes relacionadas con el levantamiento a más de 80.

Aunque el Gobierno de Bahrein estableció una Oficina del Defensor del Pueblo para investigar las denuncias de maltrato por parte de funcionarios gubernamentales y fuerzas de seguridad, ni un solo funcionario de alto rango ha sido responsable por violaciones de derechos humanos. De hecho, desde el establecimiento de la Oficina, ha habido un aumento en los arrestos arbitrarios y los cargos por motivos políticos, incluida una pena de cárcel recomendada de 5 años por «insultar al Rey», mientras que los funcionarios del gobierno acusados de maltrato y tortura siguen siendo absueltos a tasas alarmantes.

El 22 de noviembre de 2014, el gobierno de Bahrein celebró elecciones parlamentarias y municipales, la primera desde el inicio de los disturbios políticos en 2011. Mientras el gobierno anunciaba estas encuestas como la culminación de los esfuerzos de reforma de Bahrein, una amplia coalición de sociedades de oposición optó por boicotearlas.

Las elecciones generales se celebraron el 24 de noviembre de 2018 y el 1 de diciembre de 2018. Se consideran una farsa, ya que a los miembros de la oposición política se les ha prohibido participar plenamente en ellas y el gobierno de Bahrein impuso severas restricciones a la sociedad civil y política.

De hecho, el 13 de mayo de 2018, el Consejo de la Shura (la cámara alta de la Asamblea Nacional nombrada por la realeza) aprobó una enmienda al segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Nº 14/2002, conocida como Ley sobre el Ejercicio de los Derechos Políticos, que ha ampliado el alcance de la exclusión. Además, la enmienda ha tenido un impacto adicional en los cientos de bahreiníes que han sido condenados a más de seis meses de prisión por cargos que criminalizan las libertades básicas.